5 de septiembre de 2006
Consejo de Derechos Humanos
Segundo período de sesiones
Tema 2 del programa provisional*
El Secretario General tiene el honor de transmitir a los Miembros del Consejo de Derechos Humanos el informe sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 presentado por el Sr. John Dugard, Relator Especial, de conformidad con la decisión 1/106 del Consejo de Derechos Humanos.
El Secretario General señala a la atención de los Miembros del Consejo de Derechos Humanos que este informe se basa en una visita realizada por el Relator Especial entre el 9 y el 17 de junio de 2006, antes de que el Consejo adoptara la mencionada decisión.
El presente informe se centra principalmente en el conflicto y el sitio que sufre Gaza.
Tras la captura del cabo Gilad Shalit por militantes palestinos el 25 de junio de 2006, y ante la persistencia de los lanzamientos contra Israel de cohetes de fabricación casera Qassam, Israel inició una serie de incursiones militares y bombardeos sobre Gaza, en los que murieron o resultaron heridas muchas personas y se destruyeron viviendas, tierras de cultivo e infraestructuras, en lo que se convirtió en una violación a gran escala de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En particular, Israel ha violado la prohibición del uso indiscriminado de la fuerza militar contra civiles u objetos civiles. En la Ribera Occidental la situación también se ha deteriorado considerablemente.
El nuevo Gobierno de Israel, presenta la construcción del muro en el territorio palestino como una medida política destinada a anexionar el 10% de las tierras palestinas situadas entre la Línea Verde y el muro, donde viven aproximadamente el 76% de los colonos israelíes. Se calcula que una vez que el muro esté terminado, 60.500 palestinos de la Ribera Occidental que viven en 42 aldeas y pueblos quedarán encerrados en la zona comprendida entre el muro y la Línea Verde. Para atravesar el muro, los 500.000 palestinos que viven en las inmediaciones deben solicitar un permiso que, según se ha calculado, se rechaza en el 40% de los casos.
Israel persiste en su política de "despalestinización" de Jerusalén. El muro se construye de forma que una cuarta parte de los 230.000 palestinos que viven en Jerusalén oriental queden en la Ribera Occidental. En el futuro, esas personas necesitarán un permiso para ir a su trabajo, a visitar a sus amigos, o ir a los hospitales y lugares de culto de Jerusalén.
Los asentamientos siguen expandiéndose en violación del Cuarto Convenio de Ginebra. Actualmente, en la Ribera Occidental y Jerusalén oriental hay una población de más de 440.000 colonos.
Las comunidades palestinas que viven entre el muro bajo que se está construyendo en el sur de Hebrón y la Línea Verde tendrán dificultades para acceder a sus tierras, escuelas y dispensarios.
Desde agosto de 2005, la cifra de puestos de control pasó de 376 a más de 500. Se conceden pocos permisos para viajar entre las diferentes partes de la Ribera Occidental, y para obtenerlos los palestinos deben someterse a procedimientos burocráticos arbitrarios. Los puestos de control han proliferado en particular en Naplusa y Yenin, que se han transformado en verdaderas ciudades cercadas. Se diría que el principal objetivo de muchos puestos de control es hacer que los palestinos tengan siempre presente que Israel controla sus vidas y, además, humillarlos.
El derribo de viviendas sigue siendo una característica constante de la ocupación. Destruir viviendas cuando se efectúan detenciones en operaciones policiales ha pasado a ser una práctica habitual, aunque el derecho internacional humanitario prohíbe destruir viviendas por razones ajenas a una necesidad militar.
Varias leyes y prácticas israelíes atentan contra la vida familiar de los palestinos. Recientemente, el Tribunal Superior de Israel confirmó una ley que prohíbe convivir en Israel a un árabe israelí con su cónyuge palestino. El muro de Jerusalén ha provocado la separación de las familias.
Más de 10.000 palestinos, entre ellos mujeres y niños, están presos en cárceles de Israel. La situación humanitaria de la Ribera Occidental y Gaza es desastrosa.
De cada diez palestinos, por lo menos cuatro viven bajo el umbral oficial de pobreza, menos de 2,10 dólares de los EE.UU. al día, y el desempleo es como mínimo del 40%. Por si fuera poco, los funcionarios del sector público, que representa un 23% del empleo total del territorio palestino, conservan sus empleos pero no cobran su sueldo porque los fondos que el Gobierno de Israel adeuda a la Autoridad Palestina (AP), que ascienden a entre 50 y 60 millones de dólares mensuales, están retenidos. Además, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han cortado la financiación destinada a la Autoridad Palestina aduciendo que, de acuerdo con su legislación, Hamás, el partido que ganó las elecciones de enero de 2006, es una organización terrorista. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que colaboran con la Autoridad Palestina también se han visto afectadas por las restricciones de fondos.
En realidad, se ha sometido al pueblo palestino a sanciones económicas -nunca se ha tratado así a un pueblo bajo ocupación. La situación persiste a pesar de que Israel hace caso omiso de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General y no ha cumplido la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004.
Ni siquiera el Cuarteto tiene en cuenta la opinión consultiva ni se refiere a ella en sus declaraciones públicas, lo que ha erosionado la reputación de las Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado. Aunque los palestinos tienen en gran estima a los trabajadores sobre el terreno de las Naciones Unidas y reconocen su dedicación y empeño, ven con recelo la actuación de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra.
1. Visité el territorio palestino ocupado e Israel entre el 9 y el 17 de junio de 2006 a fin de reunir información para el informe que debía presentar al Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones de septiembre de 2006. Poco después de mi partida del territorio palestino ocupado, se desencadenó en Gaza una grave crisis a raíz de la captura por militantes palestinos de un militar israelí, el cabo Gilad Shalit. En vista de la reacción de Israel ante ese hecho, se celebró un período extraordinario de sesiones del Consejo para examinar la situación en el territorio palestino ocupado. En ese período extraordinario de sesiones, celebrado los días 5 y 6 de julio de 2006, el Consejo decidió enviar al territorio palestino ocupado una misión de determinación de hechos encabezada por mí, que debía informar de los acontecimientos más recientes. Para llevar a cabo la misión, era necesario obtener el consentimiento del Gobierno de Israel que, sin embargo, no aprobó la visita de la misión de determinación de hechos. Por lo tanto, el presente informe tiene por objeto informar al Consejo de la situación relativa a los derechos humanos en la región en el contexto de mi visita y de los ulteriores hechos ocurridos en el territorio palestino ocupado en los que se fundó el pedido de que se enviara una misión de determinación de hechos. Inevitablemente, al no haber podido visitar la zona en julio, la información sobre los hechos ocurridos hasta el 9 de agosto de 2006 procede de fuentes secundarias, como comunicados de prensa, informes de ONG, publicaciones de las Naciones Unidas, etc.
2. Durante mi misión visité Jerusalén, Gaza, algunas aldeas cercanas a Jerusalén que se han visto gravemente afectadas por la construcción del muro, Ramallah, Hebrón y algunas comunidades de las colinas de Hebrón del sur, Belén y el muro cerca de la tumba de Raquel, la aldea de Wallaja, donde se han derribado viviendas; el Valle del Jordán, incluida Jericó, y algunas comunidades cuyos derechos humanos se ven afectados por las políticas y prácticas que aplica Israel; Naplusa, incluido el campamento de refugiados de Balata, la aldea de Jayyous, que se encuentra en el perímetro del muro, y algunas comunidades agrícolas que viven en las inmediaciones del muro, además de diversos puestos de control de la ciudad y caminos de los alrededores de Naplusa.
3. Durante mi visita hablé con todo tipo de personas, tanto palestinos como israelíes, sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, di una conferencia patrocinada por el Centro Minerva de Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a la que asistieron más de 100 personas; en la que traté de algunas cuestiones controvertidas del derecho humanitario en relación con el conflicto del territorio palestino ocupado. Lamentablemente no mantuve contactos con funcionarios israelíes, ya que el Gobierno de Israel no reconoce mi mandato. Sin embargo, el Gobierno estaba al corriente de mi visita y no puso obstáculos a su realización.
4. Tras el estallido de violencia en Gaza a raíz de la captura del cabo Shalit y la detención de miembros del Consejo Legislativo Palestino y de la Autoridad Palestina (véase el párrafo 11), Israel invadió el Líbano, y la violencia adquirió amplias proporciones en el Líbano, Israel y Gaza. El propósito de este informe no es comentar los acontecimientos ocurridos en el Líbano y en la frontera septentrional de Israel, porque no forman parte de mi mandato, pero se incluirá un examen exhaustivo de la situación de Gaza. Cabe mencionar que los acontecimientos del Líbano han eclipsado en gran medida los actos de violencia que han tenido lugar en Gaza y a lo largo de sus fronteras.
5. En este informe se utiliza el término "muro", en lugar "barrera" y "valla". La Corte Internacional de Justicia eligió y empleó deliberadamente el término "muro" en su Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado de 9 de julio de 2004. Considero que no hay ningún motivo para apartarse de esa terminología.
6. Antes de pasar al fondo de mi informe, quisiera tratar de un tema preocupante. Se trata de la cuestión de la ocupación. El Gobierno de Israel prefiere no reconocer el hecho de que el territorio palestino ocupado, es decir la Ribera Occidental y Gaza, incluida Jerusalén oriental, es territorio ocupado, y prefiere hablar de los "territorios en disputa" y afirmar que con la retirada de los colonos y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en agosto de 2005, se puso fin a la ocupación de Gaza. Se trata de un error de hecho y de derecho. La Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad e incluso el Tribunal Supremo de Israel han afirmado que el territorio palestino ocupado es y sigue siendo territorio ocupado y que, por lo tanto, su régimen jurídico es especial. De acuerdo con ese régimen, en su trato con los palestinos, Israel está obligado a respetar las normas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Hay que admitir que no es una ocupación habitual, ya que se ha prolongado casi 40 años. Sin embargo, la responsabilidad de la Potencia ocupante no decrece por el hecho de que la ocupación se prolongue, sino que aumenta. Para algunos, la duración de la ocupación permite asimilarla a una situación de colonialismo o apartheid. Aunque la conducta de Israel a veces se parece a la de una Potencia colonial o de un régimen de apartheid, es más correcto clasificar a Israel como una Potencia ocupante en el territorio palestino ocupado y aplicarle las normas del derecho internacional relativas a la ocupación.
7. Actualmente, la cuestión de si Gaza sigue siendo un territorio ocupado reviste sólo un interés teórico. Durante la Operación cínicamente bautizada "lluvias de verano", las FDI consolidaron su control en Gaza no sólo con brutales bombardeos, sino también con su presencia militar.
8. En agosto de 2005, Israel retiró a sus colonos y a sus fuerzas armadas de Gaza. Las declaraciones formuladas por el Gobierno de Israel en el sentido de que con ello se ponía fin a la ocupación de Gaza son de una burda inexactitud. Incluso antes de que comenzara la "Operación lluvias de verano", Gaza seguía estando bajo el control efectivo de Israel, manifestado de varias maneras. En primer lugar, Israel conservó el control del espacio aéreo, las aguas costeras y las fronteras terrestres exteriores de Gaza. Aunque se hicieron arreglos especiales para abrir el paso de Rafah hacia Egipto, que debía ser vigilado por personal de la Unión Europea, todos los demás pasos siguieron estando casi siempre cerrados. Gaza sufrió las consecuencias particularmente graves del cierre a las mercaderías del paso de Karni durante largos períodos, lo que impidió el transporte de alimentos, medicamentos y combustible. Nunca llegó a aplicarse un plan que habría permitido que los habitantes de Gaza visitaran a sus familiares en la Ribera Occidental en convoyes de autobuses. En la práctica, tras la retirada de Israel, Gaza se convirtió en una sociedad incomunicada y cercada. El dominio efectivo de Israel quedó demostrado además por los estampidos sónicos de los aviones israelíes que sobrevolaban la zona, que tenían como fin aterrorizar a la población de Gaza, el bombardeo periódico de viviendas y tierras cercanas a la frontera y los asesinatos selectivos de militantes que, como ocurría antes, se llevaban a cabo sin ningún miramiento por los civiles inocentes que transitaban por el lugar. En un incidente ocurrido en junio de 2006, los siete integrantes de una familia que se encontraban en una playa de Gaza resultaron muertos por las bombas de las FDI. Las acciones que las FDI han llevado a cabo en Gaza han demostrado claramente que, utilizando tecnología moderna, una Potencia ocupante puede ejercer el control efectivo de un territorio aun sin tener una presencia militar.
9. En su columna de Haaretz del 7 de julio de 2006, Gideon Levy resumió la situación en los términos siguientes:
"La salida de las FDI de Gaza. no cambió en casi nada las condiciones de vida de los residentes de la Franja. Gaza sigue siendo una cárcel y sus habitantes siguen condenados a vivir en la pobreza y la opresión. Israel les impide acceder al mar, al aire y a la tierra, y sólo les deja una pequeña válvula de seguridad en el paso de Rafah. Los habitantes de Gaza no pueden visitar a sus familiares en la Ribera Occidental ni buscar trabajo en Israel, país del que ha dependido la economía de Gaza los últimos 40 años. A veces pueden transportarse mercaderías, a veces no. En estas condiciones, Gaza no tiene ninguna posibilidad de salir de la pobreza. Nadie invertirá en la Franja y nadie podrá desarrollarla; allí nadie puede sentirse libre. Israel se fue de la jaula, tiró las llaves y abandonó a los residentes librados a su suerte. Ahora, menos de un año después de la desconexión, Israel vuelve a Gaza llevando consigo la violencia y la fuerza."
10. Ya antes de lanzar la "Operación lluvias de verano" Israel había comenzado a ejercer un control más estricto sobre Gaza a raíz de la victoria de Hamás en las elecciones a la Autoridad Palestina en enero de 2006. El 11 de junio de 2006 visité Gaza. Por razones de seguridad, no se me permitió pernoctar allí, tal como había hecho en mis anteriores visitas al territorio palestino ocupado. Visité el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa de Gaza, donde conversé con el director de los servicios hospitalarios y con médicos de la dirección del hospital. Quedó clara la situación crítica de los servicios hospitalarios causada por el impago de los sueldos del personal y las restricciones impuestas al suministro de medicamentos y vacunas a través del paso de Karni. Me pareció claro que el Gobierno de Israel se había propuesto poner sitio a Gaza a fin de provocar un cambio de régimen, sin prestar atención a los derechos humanos -pues los bombardeos y los estampidos sónicos atentaban contra el derecho fundamental a la vida y la dignidad humana- ni respetar los límites impuestos por el derecho internacional humanitario. Estaba ya claro que el castigo colectivo sería el instrumento utilizado para provocar el cambio de régimen.
11. El 25 de junio de 2006, en un ataque de un grupo de militantes palestinos contra una base militar cercana a la frontera de Israel y Egipto, resultaron muertos dos palestinos y dos soldados de las FDI. Al retirarse, el grupo tomó prisionero al cabo Gilad Shalit. A cambio de su liberación, los militantes palestinos exigieron la libertad de las mujeres y los niños encarcelados en Israel. Esta acción, junto con los repetidos lanzamientos de cohetes Qassam contra Israel, desencadenó una feroz respuesta del Gobierno de Israel. Para comenzar, Israel detuvo a 8 ministros del Gobierno de Hamás y a 26 miembros del Consejo Legislativo Palestino en Ramallah. En el momento de redactar este informe, la mayoría de ellos seguían detenidos.
A pesar de que Israel aduce que están detenidos porque apoyan actividades terroristas, es difícil resistirse a pensar que están retenidos como rehenes, en violación del artículo 34 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio de Ginebra). Esa impresión se confirma porque en el seno del Gobierno se discute sobre qué hacer con ellos. El servicio de seguridad Shin Bet sugirió mantenerlos detenidos como baza de negociación en el marco de la ley de combatientes ilegítimos. Sin embargo, parece ser que, el Fiscal General Menachem Mazuz ha insistido en que se inicien acciones judiciales contra ellos por integrar una organización terrorista (véase Haaretz, 30 de junio de 2006). La cuestión de la detención de los miembros de Hamás se agravó con la detención, el 5 de agosto de 2006, de Aziz Dweik, Presidente del Consejo Legislativo Palestino, que presuntamente resultó herido durante los interrogatorios.
12. En los párrafos siguientes se describen las muchas formas en que se ha atacado y sitiado a Gaza durante la "Operación lluvias de verano".
13. El 28 de junio de 2006, la Fuerza Aérea de Israel (FAI) destruyó seis transformadores de la única central eléctrica situada en la Franja de Gaza, que suministraba el 43% de la electricidad consumida a diario en la Franja; el resto proviene de la Compañía de Electricidad de Israel. Al principio, unos 700.000 habitantes de Gaza, de un total de 1,4 millones, se quedaron sin electricidad. Actualmente, la Compañía de Distribución de Electricidad de Gaza (GEDCO) suple la falta con electricidad procedente de Israel, pero en los hogares de la Franja de Gaza el suministro de electricidad sigue siendo intermitente. Como la mayor parte de los pozos de agua de Gaza funcionan con electricidad de la red nacional, que ha sido destruida, se están utilizando generadores para hacer funcionar los pozos, y el abastecimiento diario de agua a los hogares de Gaza se ha reducido. Las operaciones militares de Israel también han destruido las principales redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Por otro lado, el oleoducto de Nahal Oz, el único que abastece de combustible a la Franja de Gaza, se cierra con frecuencia, lo que a su vez obstaculiza el funcionamiento de los generadores utilizados para el abastecimiento normal de agua.
14. El 19 de julio, la FAI lanzó un ataque contra el campo de refugiados de el-Maghazi y bombardeó los transformadores eléctricos, con lo que dejó sin electricidad a toda la zona central de la Franja de Gaza.
15. La importante reducción del suministro de electricidad y combustible, junto con los trastornos en el abastecimiento de agua, han deteriorado gravemente la vida diaria de los palestinos, que no tienen luz de noche ni electricidad para cocinar. Además, es imposible bombear agua a los pisos superiores de los edificios. Las alcantarillas corren peligro de desbordarse. Esta situación ha tenido graves consecuencias para los hospitales, donde los apagones han obligado a utilizar generadores en los equipos esenciales para salvar vidas.
16. Los aviones israelíes han atacado deliberadamente edificios públicos de Gaza. Han destruido las sedes de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Economía Nacional, y la Oficina del Primer Ministro. Esas acciones no tienen por objeto preservar la seguridad y sólo pueden interpretarse como un intento de socavar las instituciones del Gobierno. También se han destruido varias instituciones de enseñanza, así como seis puentes que unían a la Ciudad de Gaza con la región central de la Franja y varios caminos. El 28 de junio las FDI ocuparon el aeropuerto internacional de Gaza y destruyeron buena parte de éste.
17. Aunque el paso de Rafah no está bajo el control directo de Israel, las FDI impidieron el acceso de los observadores europeos que debían controlarlo. Por lo tanto, salvo en dos breves períodos, el paso ha estado cerrado desde el 25 de junio. El cierre del paso de Rafah durante tres semanas en julio de 2006 dejó a más de 3.000 palestinos aislados y en situación precaria del lado egipcio de la frontera. Entre ellos había 578 personas consideradas "casos humanitarios de urgencia", que habían sido trasladadas para recibir tratamiento médico en el extranjero. Ocho palestinos murieron porque en el paso se les impidió el acceso al tratamiento médico, al abrigo y al agua.
18. El cierre del paso de Rafah también ha perjudicado gravemente a los palestinos que se encontraban del lado de Gaza, sobre todo a quienes vivían en el extranjero y estaban visitando a familiares en Gaza. La actuación de los supervisores de la Unión Europea a este respecto es más que cuestionable. Su función es supervisar el paso, según un acuerdo concertado el 15 de noviembre de 2005 entre la Autoridad Palestina e Israel, y auspiciado por los Estados Unidos. Indudablemente cabría esperar cierto grado de valentía y compasión por parte de los supervisores de la UE, y no sólo que acatasen los dictados del Gobierno de Israel.
19. El paso comercial de Karni ha estado cerrado intermitentemente. Se ha permitido importar algunos alimentos y suministros médicos a Gaza, pero las exportaciones han sido estrictamente restringidas.
20. Los buques de la armada israelí han impedido a los palestinos pescar a lo largo de la costa, por lo que ya no se consigue pescado en los mercados locales.
21. Desde el 25 de junio de 2006, han resultado muertos 184 palestinos (por lo menos la mitad de ellos civiles), de los cuales 42 eran niños. Unas 720 personas, entre ellas 168 niños y 21 mujeres, han resultado gravemente heridas. Un soldado israelí resultó muerto y 25 israelíes resultaron heridos, 11 de ellos cuando fueron alcanzados por cohetes de fabricación casera lanzados desde Gaza.
22. Desde el 25 de junio de 2006, las FDI han realizado numerosas y repetidas incursiones en la Franja de Gaza en las que han causado la muerte de civiles y la destrucción de viviendas. Las incursiones más violentas han tenido como objetivo Beit Hanoun, Beit Lahia, Sajiyeh, Deir el-Balah, el campamento de refugiados de el-Maghazi, Rafah y Jan Yunis. Durante los ataques, llevados a cabo con tanques y bulldozers, se ocuparon casas que han sido transformadas en bases militares. Las casas han sufrido daños importantes y varios cientos de ellas han sido destruidas. En los ataques se han causado daños en escuelas gestionadas por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Se han arrancado olivos y árboles frutales, y se han destruido tierras de cultivo en operaciones de nivelación de terrenos. Se han provocado daños en cañerías de agua y en postes de electricidad y teléfonos. Muchas familias se han visto obligadas a huir de sus casas y se calcula que, de resultas de las operaciones militares, actualmente unos 3.400 palestinos se encuentran en refugios proporcionados por el OOPS. A pesar de que el Tribunal Superior de Israel ha prohibido utilizar seres humanos como escudos, las FDI han detenido a civiles y los han utilizado como escudos humanos durante las operaciones de derribo y de detención de personas. Las incursiones militares han ido acompañadas de bombardeos aéreos y de artillería contra viviendas que han causado la muerte de muchos civiles.
23. Dos ejemplos de incursiones típicas realizadas por Israel son los ataques contra el campamento de refugiados de el-Maghazi entre el 19 y el 21 de julio de 2006, y el ataque contra Rafah a comienzos de agosto. En los primeros, 19 palestinos resultaron muertos, entre ellos 4 niños y 1 mujer, y 125 resultaron heridos. La mayoría eran civiles desarmados. Cuatro casas fueron destruidas completamente y nueve parcialmente. Además, se arrasaron los cultivos y se destruyeron las infraestructuras, de abastecimiento de electricidad y de agua y la red de carreteras. En la segunda incursión, resultaron muertos 16 palestinos, 10 de ellos civiles, y 39 resultaron heridos por la metralla o con quemaduras; 4 niños resultaron muertos y 13 heridos.
24. Se produjeron violentos combates entre los militantes palestinos y las FDI, en los que las FDI utilizaron tanques y bulldozers apoyados por helicópteros que lanzaron bengalas y dispararon con sus ametralladoras para cubrir a las fuerzas de tierra.
25. Israel ha seguido bombardeando implacablemente la Franja de Gaza desde el 25 de junio. Se han disparado varios miles de proyectiles, entre 200 y 250 al día. Al 3 de agosto, la FAI había efectuado al menos 220 bombardeos, y los aviones de caza habían disparado misiles de aire a superficie. Al mismo tiempo, aviones F-16 sobrevolaban Gaza a baja altura, rompiendo la barrera del sonido y provocando estampidos sónicos tan ensordecedores como los bombardeos. Los estampidos sónicos aterrorizaban a la población, especialmente a los niños. Si el término terrorismo tiene algún significado, esta situación nos ofrece una buena ilustración. Lo que sigue ha sido escrito por una médica de Gaza sobre los efectos que los estampidos sónicos y los bombardeos de la artillería han provocado en su hija de 13 años:
"Mi hija está inquieta, aterrorizada y con miedo de salir, pero está frustrada porque no puede ver a sus amigos. Cuando los aviones de combate de Israel vuelan día y noche, el sonido es aterrador. Generalmente, mi hija salta a mi cama, temblando de miedo, y las dos terminamos acurrucadas en el piso. Aunque el corazón se me acelere, trato de tranquilizar a mi hija y hacerla sentir a salvo. Pero cuando suenan las bombas, me estremezco y grito. Mi hija siente mi miedo y sabe que necesitamos tranquilizarnos mutuamente. Soy médica, madura y de mediana edad, pero con los estampidos sónicos me vuelvo histérica" (Dra. Mona El-Farra, The Boston Globe, 10 de julio de 2006).
26. Los palestinos no están libres de culpa en lo que a bombardeos se refiere. Los militantes siguen disparando cohetes Qassam indiscriminadamente contra Israel, siguen hiriendo a civiles israelíes, dañando infraestructura civil y atemorizando a la población civil que vive en las inmediaciones de la frontera de Gaza. Se estima que se disparan ocho o nueve cohetes por día.
30. La salud pública está en peligro por la escasez de agua potable y por las fugas del alcantarillado. Los casos de diarrea registrados aumentaron en un 163% en comparación con el mismo período del año pasado. Se teme que reaparezcan enfermedades contagiosas como el cólera y la poliomielitis.
31. Muchos palestinos han sufrido quemaduras, principalmente en los miembros inferiores, que en muchas ocasiones han debido ser amputados. El Ministro de Salud palestino ha pedido que se realice una investigación independiente de este fenómeno.
32. En Gaza, la tasa de pobreza es del 75% debido, principalmente, al sitio que sufre la zona. La inseguridad alimentaria es en parte resultado de la falta de poder adquisitivo, ya que son pocas las personas con dinero suficiente para adquirir los alimentos básicos que necesitan sus familias. Los precios de los alimentos se han disparado y el abastecimiento se ha reducido debido a la operación militar en curso. Como se dijo anteriormente, el bloqueo marítimo es la causa de que ya no haya pescado. Los cortes de electricidad han obligado a reducir la producción de los molinos de harina de trigo, las fábricas de alimentos y las panaderías. Además, muchos alimentos se echan a perder porque ya no hay suficiente capacidad para preservar los productos perecederos. Las reservas de azúcar, productos lácteos y leche son muy escasas debido a las restricciones del suministro desde Israel.
33. Como se ha señalado más arriba, el abastecimiento de agua se ha visto gravemente afectado por la destrucción de la central eléctrica de Gaza y de los oleoductos por los bombardeos, lo que ha provocado la escasez de agua potable. El OOPS y el CICR se han visto obligados a suministrar agua con camiones cisterna.
34. Las acciones que lleva a cabo Israel deben examinarse desde el punto de vista de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia antes citada, ambos regímenes son aplicables a la conducta de Israel en el territorio palestino ocupado.
35. Israel ha violado una serie de derechos proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular el derecho a la vida (art. 6), a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias (art. 9), a circular libremente (art. 12) y el derecho de los niños a la protección (art. 24). También ha violado derechos proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", el derecho a estar protegido contra el hambre, y el derecho a los alimentos (art. 11), y el derecho a la salud (art. 12).
36. Además, Israel ha violado las normas más fundamentales del derecho internacional humanitario, lo que se define como crímenes de guerra en el artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra y el artículo 85 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I). En la definición se incluyen los ataques contra la población civil o bienes de carácter civil, y aquéllos en que no se hace distinción entre objetivos militares y personas civiles o bienes de carácter civil (artículos 48, 51 4) y 52 1) del Protocolo I); el empleo excesivo de la fuerza en ataques desproporcionados contra la población civil o bienes de carácter civil (artículos 51 4) y 51 5) del Protocolo I); intimidar o aterrorizar a la población civil (artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra y artículo 51 2) del Protocolo I); y la destrucción de bienes que no sea absolutamente necesaria a causa de las operaciones bélicas (artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra). Sobre todo, el Gobierno de Israel ha violado el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe los castigos colectivos de la población de un territorio ocupado. El uso indiscriminado y excesivo de la fuerza contra personas civiles o bienes de carácter civil, la destrucción de las redes de suministro de electricidad y de agua, el bombardeo de edificios públicos, las restricciones a la libertad de circulación y las consecuencias de estas acciones para la salud pública, la alimentación, la vida familiar y el bienestar psíquico del pueblo palestino constituyen una forma flagrante de castigo colectivo. Aunque no pueden aprobarse ni la captura del cabo Gilad Shalit ni los lanzamientos constantes de cohetes Qassam contra Israel, esos actos tampoco pueden servir para justificar el drástico castigo que Israel ha impuesto a todo un pueblo.
37. Muchas de las políticas y prácticas de Israel en la Ribera Occidental atentan gravemente contra los derechos humanos de los palestinos. El muro que se está construyendo en el territorio palestino, los puestos de control y los controles de carreteras, el arbitrario sistema de concesión de pases, los derribos generalizados de viviendas, los asesinatos selectivos, y las detenciones y los encarcelamientos violan toda una serie de derechos civiles y políticos. La crisis humanitaria provocada por la ocupación atenta también contra los derechos económicos y sociales.
38. El muro que Israel está construyendo principalmente en territorio palestino es manifiestamente ilegal. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva afirmó que la construcción del muro era contraria al derecho internacional y que Israel tenía la obligación de detener las obras de construcción del muro y desmantelar de inmediato las partes que ya habían sido elevadas. El 20 de julio de 2004 la Asamblea General aprobó la resolución ES-10/15 por 150 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, en la que exigió que Israel cumpliera sus obligaciones en derecho señaladas en la opinión consultiva. El Tribunal Superior de Justicia de Israel, en un fallo emitido en septiembre de 2005 en Mara'abe c. el Primer Ministro de Israel (HCJ 7957/04), rechazó la opinión consultiva, aduciendo que la Corte Internacional de Justicia no había tenido en cuenta las consideraciones de seguridad que habían llevado a la construcción del muro. El fundamento de este fallo ha quedado en entredicho tras la admisión por el Gobierno de Israel de que el muro tiene fines políticos y no exclusivamente fines de seguridad. La admisión de que el muro se ha construido en parte para dejar a los asentamientos de la Ribera Occidental en su interior y bajo la protección directa de Israel ha llevado al Tribunal Superior a censurar al Gobierno por inducirlo a error en la causa Mara'abe y en otras causas en los que se ha puesto en tela de juicio la legalidad del muro (véase Haaretz, 14 y 16 de junio de 2006). Actualmente ya no puede negarse seriamente que el fin del muro es apropiarse de las tierras que rodean los asentamientos de la Ribera Occidental e incluir a éstos en Israel. El hecho de que el 76% de la población de colonos de la Ribera Occidental quede rodeada por el muro lo confirma. La política actual del Gobierno de desconectarse unilateralmente de la Ribera Occidental o de realinear las fronteras de Israel pretende ocultar la anexión por Israel del territorio situado entre la Línea Verde y el muro, que representa cerca del 10% de las tierras palestinas.
39. El 30 de abril de 2006 el Gobierno de Israel modificó el trazado del muro, que ahora tendrá 703 km -en lugar de 670 km- cuando se termine. Actualmente se ha terminado la construcción de más del 50% del muro. Se ha calculado que cuando esté terminado, 60.500 palestinos que viven en 42 aldeas y pueblos de la Ribera Occidental quedarán encerrados en la zona que se encuentra entre el muro y la Línea Verde. Los más de 500.000 palestinos que residen a menos de 1 km del muro se encuentran en el lado oriental de éste pero deberán atravesarlo para llegar a sus campos y a sus trabajos y para mantener los contactos familiares. El 80% del muro está construido dentro del territorio palestino y, a fin de incorporar al bloque de asentamientos de Ariel, se adentra unos 22 km en la Ribera Occidental. En la actualidad hay unos 73 pasos en el muro, pero sólo 38 de ellos son accesibles a los palestinos, que sólo pueden usarlos si poseen el permiso adecuado.
40. Para obtener un permiso deben superarse numerosos obstáculos. Los procedimientos burocráticos para la concesión de los permisos son humillantes y dilatorios. Si bien no se poseen datos precisos, según cálculos a la baja, al parecer se deniega el 40% de los permisos. Las razones aducidas para ello oscilan entre las razones de seguridad y la incapacidad de los solicitantes de demostrar la propiedad de las tierras. Este último motivo es ahora el más frecuentemente utilizado por las autoridades israelíes porque es evidente que los palestinos, cuyos títulos de propiedad se rigen aún por un caótico sistema otomano de tenencia de la tierra, no suelen poder probar su titularidad cumpliendo los requisitos que imponen unas autoridades israelíes determinadas a denegar los permisos. Las dificultades y las humillaciones que conlleva el proceso de solicitud de permisos disuade a muchos palestinos de solicitar su concesión. Por si fuera poco, la apertura y cierre de las puertas que dan acceso a la zona cerrada se determinan arbitrariamente, y, por lo general las puertas permanecen cerradas. Además, muy a menudo no se permite la entrada de tractores y vehículos agrícolas a la zona cerrada, lo que significa que para llegar a sus tierras y transportar sus productos los agricultores deben ir andando o a lomos de asno.
41. Los obstáculos al acceso a la zona cerrada han tenido graves consecuencias para la agricultura de la zona. Como en la actualidad muchos palestinos vuelven a sus tierras debido a que no se pagan los sueldos de los funcionarios públicos y a que se han cerrado muchas empresas privadas en las ciudades, el sistema de permisos incide negativamente en el empleo y los medios de vida de los palestinos.
42. Debe repetirse, antes de iniciar esta exposición que Jerusalén oriental no es parte de Israel; es territorio ocupado según el Cuarto Convenio de Ginebra. No debe permitirse que este hecho, recordado por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva, quede oculto por el ilegal intento de anexión de Jerusalén oriental por parte de Israel.
43. El muro de 75 km que rodea Jerusalén (del que sólo 5 km coinciden con la Línea Verde) es el instrumento que se utiliza para introducir grandes cambios en la ciudad, donde se trata de lograr que Jerusalén adquiera un carácter predominantemente judío, socavando así las reivindicaciones palestinas de Jerusalén como capital de un Estado palestino independiente. Para ello se construye el muro a través de barrios palestinos de Jerusalén oriental que se clasifican como barrios de la parte oriental del muro pertenecientes a la Ribera Occidental. Ello tiene consecuencias graves para los derechos humanos de unos 230.000 palestinos que viven en Jerusalén.
44. En primer lugar, aunque se permitirá a los palestinos que viven en el lado occidental del muro mantener sus documentos de identidad de Jerusalén, que les dan derecho a ciertas prestaciones, en particular respecto de la seguridad social, a esos habitantes les será cada vez más difícil viajar a las ciudades de la Ribera Occidental como Ramallah y Belén, donde muchos de ellos tienen sus empleos. Además, si deciden residir en la Ribera Occidental a fin de estar más cerca de sus lugares de trabajo, corren el riesgo de perder sus documentos de identidad de Jerusalén y el derecho a vivir en la ciudad, porque según la denominada política de "centro de vida" de Israel, los palestinos deben probar que están viviendo actualmente en la ciudad de Jerusalén oriental para mantener sus derechos de residencia en la ciudad.
45. En segundo lugar, los relegados a la Ribera Occidental debido a la construcción del muro, que componen alrededor de la cuarta parte de los 230.000 habitantes de la ciudad, perderán sus documentos de identidad de Jerusalén, así como las prestaciones a los que éstos les dan derecho. Además deberán solicitar un permiso para entrar y sólo podrán acceder a la ciudad por 4 de los 12 pasos del muro, lo cual aumentará considerablemente el trayecto que deberán recorrer y obstaculizará su acceso a las escuelas, universidades, hospitales, lugares de culto y empleos.
46. La construcción del muro a fin de lograr la judaización de Jerusalén es un descarado ejemplo de ingeniería social que impone graves penalidades a los palestinos en todos los aspectos de sus vidas.
47. Los asentamientos judíos en la Ribera Occidental son ilegales; violan el artículo 49, párrafo 6, del Cuarto Convenio de Ginebra, y su ilegalidad ha sido confirmada por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre el muro. El Tribunal Superior de Israel se ha negado repetidamente a pronunciarse sobre la legalidad de los asentamientos, lo cual indica que hasta el Tribunal Superior de Israel se muestran renuente a legitimar los asentamientos.
48. A pesar de la ilegalidad de los asentamientos y de la unánime condena de éstos por la comunidad internacional, el Gobierno israelí sigue permitiendo su expansión, que a veces se produce abiertamente y con la plena aprobación del Gobierno israelí. Por ejemplo, en 2006 el Gobierno aprobó la expansión de los asentamientos de Givat Ze'ev, Kfar Sava, Maskiyot y Beitar Ilit (véase Haaretz, 21 de mayo de 2006). Más frecuentemente, la expansión tiene lugar subrepticiamente, disimulada como "crecimiento natural", por lo que los asentamientos israelíes han aumentado, por término medio, en un 5,5%, mientras que la tasa de crecimiento media de las ciudades israelíes es de 1,7%. Aunque algunas veces los asentamientos se extienden vulnerando las leyes israelíes, no se hace ningún intento por aplicarlas. Muy a menudo se establecen puestos avanzados desafiando unas amenazas de destrucción que no se cumplen.
49. Debido a esta expansión, la población de colonos en la Ribera Occidental asciende a 245.000 personas y la de Jerusalén oriental a unas 200.000. Como se indica más arriba, el muro está siendo construido tanto en la Ribera Occidental como en Jerusalén oriental rodeando a la mayoría de los asentamientos. Además, los tres grandes bloques de asentamientos de Gush Etzion, Ma'aleh Adumim y Ariel dividirán en la práctica el territorio palestino en cantones, destruyendo así la integridad territorial de Palestina.
50. De las declaraciones del Gobierno de Israel se desprende claramente que los grandes bloques de asentamientos están destinados a seguir siendo parte de Israel. El 3 de mayo de 2006 el Primer Ministro, Sr. Olmert, dijo al Knesset que "Los logros del movimiento de los asentamientos en las principales concentraciones serán siempre una parte integrante del Estado soberano de Israel, al igual que Jerusalén, nuestra capital unida" (Haaretz, 4 de mayo de 2006).
51. La política de "desconexión unilateral", "convergencia" o "realineamiento" propuesta por el Gobierno israelí prevé claramente la anexión ilícita de grandes partes del territorio palestino. No debe permitirse que los eufemismos utilizados para describir esa política oculte la dura realidad.
52. Los actos de violencia de los colonos continúan siendo un problema grave. En junio de 2006 el Palestinian Monotoring Group publicó la siguiente descripción de la violencia de los colonos, que ilustra bien el problema:
"Colonos israelíes trataron de secuestrar a una estudiante universitaria del distrito de Salfit; golpearon a civiles en la ciudad de Hebrón así como a otros civiles cerca del asentamiento de Ma'on; bloquearon una carretera en el distrito de Qalqiliya; tiraron piedras a casa de civiles en el barrio de Tel Rumeida de la ciudad de Hebrón y robaron una bomba de agua en una casa de Tel Rumeida; quemaron dos vehículos civiles y un camión en la ciudad de Huwara; prendieron fuego a los trigales y los olivares de las aldeas de Salim, cerca de Naplusa, y de Al Jab'a, cerca de Belén; y pusieron ovejas a pastar en tierras cultivadas del distrito de Hebrón."
53. Se han abandonado los planes de construir el muro en el sur de Hebrón y el trazado previsto del muro coincidirá prácticamente con la Línea Verde. En vez del muro, Israel está construyendo un "minimuro" a lo largo del lado norte de las carreteras de circunvalación de los colonos de la zona. Este muro, de aproximadamente 1 m de alto, tiene como fin impedir que los vehículos palestinos pasen por la carretera principal y permitir a los colonos usar libremente las carreteras de circunvalación. Esas restricciones permitirán a los colonos judíos trasladarse con seguridad de un asentamiento a otro y acceder a otros lugares de Israel sin atravesar tierras palestinas. Veintidós comunidades palestinas y más de 1.900 palestinos quedarán encerrados entre el minimuro de la carretera y el muro principal que se está construyendo actualmente a los largo de la Línea Verde. El minimuro dificultará el acceso de los palestinos y de sus 24.000 cabezas de ganado a los pastos que se encuentran al otro lado. El minimuro se añadirá a las dificultades que ya sufren las comunidades palestinas que viven en el sur de Hebrón, donde las clínicas, escuelas y servicios de suministro de agua son deficientes; el agua debe transportarse en camiones desde principios del verano y los sistemas de recogida de aguas de lluvias empiezan a secarse. El Gobierno israelí se ha negado a conectar las comunidades palestinas a su sistema de distribución de aguas, que está reservado a los colonos. Por si la situación no fuera suficientemente grave, el Gobierno israelí no concede permisos para construir viviendas.
54. El caso de la aldea de Tuwani, que he visitado en varias ocasiones, es buen ejemplo de la difícil situación en la que viven las comunidades palestinas del sur de Hebrón. La aldea no dispone de electricidad ni de sistemas de saneamiento ni distribución de agua y se ha prohibido la construcción de nuevas casas en ella. Además, la población sufre los actos de violencia de los colonos del vecino asentamiento de Ma'on. Los niños palestinos deben ir a la escuela escoltados por las FDI, que los protegen de los colonos. Los colonos también han envenenado las tierras.
55. Israel ha abandonado sus antiguos planes de construir el muro a lo largo de la espina dorsal del territorio palestino ocupado y de apropiarse oficialmente del valle del Jordán del mismo modo que lo ha hecho a lo largo de la frontera occidental del territorio, pero ejerce su control en la región, que constituye el 25% de la Ribera Occidental, del mismo modo que lo ha hecho en la zona cerrada que se encuentra entre el muro y la Línea Verde en la frontera occidental de Palestina. La intención de Israel de quedarse permanentemente en el valle del Jordán se expresa claramente en las declaraciones del Gobierno, y también se manifiesta, en primer lugar, en las restricciones impuestas a los palestinos y, en segundo lugar, en el control que ejercen los israelíes y el aumento en el número de asentamientos en el valle.
56. Los palestinos que viven en el valle del Jordán deben poseer tarjetas de identidad donde conste su dirección en el valle. Sólo esas personas pueden viajar por el valle del Jordán sin permisos israelíes. Para entrar en el valle del Jordán los demás palestinos, incluidos los trabajadores y los propietarios de tierras no residentes, deben obtener unos permisos que no les permiten pernoctar en la zona, por lo que deben desplazarse cada día y soportar las demoras que se producen en los puestos de control que conectan al valle del Jordán con el resto de la Ribera Occidental. Ello ha causado el aislamiento del valle del Jordán. Las restricciones de los traslados dificultan el acceso de los agricultores del valle del Jordán a los mercados de la Ribera Occidental porque con frecuencia sus productos quedan retenidos en los puntos de control y se estropean. Los intentos de vender esos productos junto a la carretera se han visto frustrados porque las FDI destruyen los puestos de venta.
57. La mayor parte de las tierras del valle del Jordán están controladas por asentamientos judíos o son utilizadas como zonas militares. Solamente el 4% del valle es accesible a los 47.000 palestinos para usos agrícolas y residenciales. Unos 8.300 colonos viven en el valle del Jordán y su número va en aumento debido al reasentamiento de los colonos de Gaza. Mientras que la mayoría de las aldeas palestinas no disponen de electricidad ni agua, los colonos están conectados a los sistemas de distribución de electricidad y agua de Israel. Además, los 8.300 colonos del valle del Jordán consumen más agua cada año que los 47.000 palestinos que viven en la zona.
58. El derribo de viviendas es una característica corriente de la ocupación, que está simbolizada por el odiado bulldozer. Tradicionalmente, la potencia ocupante ha destruido casas como medida punitiva (cuando un residente de la vivienda ha cometido un delito contra Israel), por necesidad militar, o cuando el edificio no contaba con permiso de construcción. Últimamente se han destruido casas por otras razones: en primer lugar para permitir la construcción del muro y, en segundo lugar, para detener a personas buscadas. Como se recordará, el año pasado, el Tribunal Superior de Israel prohibió el uso de civiles palestinos como escudos humanos en las operaciones de arresto. Actualmente, si se sospecha que una persona buscada se encuentra en una casa determinada y se niega a entregarse, la casa es arrasada por un bulldozer. He sido testigo de la destrucción de casas de esta forma en el campamento de refugiados de Balata, cerca de Naplusa.
59. Durante muchos años Israel ha destruido viviendas que se habían construido sin permiso, aduciendo que al hacerlo no hacía más que aplicar las normas municipales sobre la vivienda como lo hacen otras sociedades desarrolladas. Al aducir ese argumento no se tienen en cuenta dos factores: en primer lugar una potencia ocupante no puede destruir viviendas de personas protegidas por el derecho internacional humanitario (véase el artículo 23 g) del reglamento de la Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre que figuran en el anexo del Cuarto Convenio de La Haya de 1907 y el artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra). Esto se aplica a las viviendas palestinas de la Ribera Occidental, Gaza y Jerusalén oriental. En segundo lugar, se deniegan permisos en forma tan arbitraria y con tal regularidad que a los palestinos les es virtualmente imposible obtener permisos para construir casas. El sistema de concesión de permisos en Jerusalén oriental se administra de forma diametralmente distinta según los solicitantes sean palestinos o israelíes. La forma discriminatoria en que se pone en práctica el sistema de concesión de permisos en Jerusalén oriental ha sido expuesto por Meir Margalit en Discrimination in the Heart of the Holy City (2006).
60. El número de puestos de control, que comprenden las barreras, los montículos de tierra, y las zanjas para controlar las carreteras, ha aumentado de 376 en agosto de 2005 a más de 500 en la actualidad. Esos puestos de control dividen a la Ribera Occidental en cuatro zonas distintas: norte (Naplusa, Yenin y Tulkarem), centro (Ramallah), sur (Hebrón) y Jerusalén oriental. Dentro de esas zonas se han creado otros enclaves mediante un sistema de puestos de control y controles de carreteras. Las ciudades quedan aisladas entre sí porque se exige la posesión de un permiso para viajar de una zona a la otra y, como es habitual, resulta difícil obtener esos permisos. Las normas relativas a la concesión de permisos cambian constantemente, en particular con respecto a la edad de las personas a las que se deniegan los permisos. Además, los procedimientos burocráticos para obtener los permisos son arbitrarios y dilatorios. La situación ha empeorado desde que Hamás llegó al poder, ya que los solicitantes de permisos deben presentar directamente sus solicitudes a la administración civil israelí porque el Gobierno de Israel se niega a cooperar con las autoridades del Gobierno palestino. El sistema de permisos explica también el declive económico del territorio palestino ocupado pues impide la libre circulación de las mercaderías y los trabajadores.
61. En junio de 2006 visité la ciudad de Naplusa, que está ahora completamente rodeada por puestos de control que impiden la entrada y la salida de la ciudad a la mayor parte de los residentes. En la práctica, Naplusa se ha convertido en una ciudad cercada.
62. Israel justifica los puestos de control por motivos de seguridad. Se hace difícil aceptar esa justificación de la mayor parte de los puestos de control. Después de todo, el muro ya constituye una barrera de seguridad eficaz entre Israel y el territorio palestino ocupado y hay una línea de puestos de control a lo largo de la franja de tierra en la que se ha establecido el bloque de asentamientos de Ariel que es suficiente para proteger debidamente a los israelíes. Por consiguiente, la existencia de los puestos de control de otras zonas, como los que rodean a Naplusa, no parece poder explicarse por razones de seguridad. Cabe, pues concluir que el principal objetivo de muchos de los puestos de control es recordar a los palestinos que los israelíes controlan sus vidas y, además, humillarlos.
63. El derecho a la vida en familia está reconocido en todas las convenciones de derechos humanos. En el territorio palestino ocupado Israel atenta contra ese derecho de diversas formas. En primer lugar, el muro erigido entre los distintos barrios de Jerusalén separa a los palestinos con documentos de identidad de Jerusalén de los que tienen documentos de la Ribera Occidental. Cuando los cónyuges tienen documentos distintos, no tienen más remedio que separarse para que el titular del documento de identidad de Jerusalén mantenga sus derechos. El 18% de las viviendas palestinas de Jerusalén están separadas del padre y el 12% de las viviendas están separadas de la madre. En segundo lugar, las autoridades han iniciado una política de denegación de acceso a los palestinos con pasaportes extranjeros. En años anteriores, se permitía a esas personas vivir en la Ribera Occidental a condición de que renovaran sus visas cada tres meses. La medida afecta a 50.000 palestinos que viven en la Ribera Occidental, a los que ahora se les pueden negar las visas (véase Haaretz, 10 de julio de 2006). En tercer lugar, hay una ley israelí sobre la ciudadanía que prohíbe a los palestinos que se casan con árabes israelíes vivir con sus cónyuges en Israel. Esta ley ha sido objeto recientemente de un fallo controvertido del Tribunal Superior de Justicia de Israel en el que se mantiene que la ley, que no se aplica a los israelíes judíos que se casan con extranjeros, es constitucional por razones de seguridad. El argumento de la Corte fue que el Estado tenía derecho a impedir que los palestinos vivieran en Israel con sus cónyuges israelíes para evitar que entraran en el país palestinos que representaran una amenaza para la seguridad de Israel.
64. Es evidente que Israel no trata de ganarse los corazones y las mentes con la administración de justicia; sino que actúa con mano de hierro en los arrestos, y en el trato de los detenidos y de los presos. La situación parece haber empeorado desde que Hamás ganó las elecciones.
65. Los arrestos suelen ir acompañados de destrucción y deterioro de bienes, palizas, ataques de perros dentro de viviendas de civiles, registros corporales humillantes y de incursiones durante las primeras horas del día. Los interrogatorios de los detenidos se llevan a cabo con una mezcla de presiones psicológicas y de violencia física. El número de presos sigue aumentando. En la actualidad hay en las cárceles israelíes más de 10.000 presos palestinos, entre ellos mujeres y niños. La situación de los niños es particularmente preocupante, pues muchas veces se ven obligados a compartir celda con presos adultos, no reciben enseñanza y no pueden ponerse en contacto con sus familias.
66. Se trata aparte de la crisis humanitaria de Gaza en la sección dedicada a la Franja en este documento. La vergonzosa situación humanitaria en esa parte del territorio palestino ocupado no debiera distraer la atención de la grave crisis humanitaria en el conjunto del territorio palestino ocupado. Cuatro de cada diez palestinos viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 2,10 dólares por día. Se hace difícil determinar el alcance del desempleo. La Organización Internacional del Trabajo ha calculado que la tasa de desempleo es de más del 40% de la fuerza laboral Palestina. No obstante, en esos cálculos no se tiene en cuenta que los empleados del sector público, que constituyen el 23% de los empleados del territorio palestino ocupado, conservan sus empleos, pero no cobran sus salarios.
67. En buena medida, la crisis humanitaria ha sido provocada por la interrupción de la financiación de la Autoridad Palestina desde que Hamás ganó las elecciones. En primer lugar el Gobierno israelí está reteniendo el impuesto al valor añadido y los aranceles -entre 50 y 60 millones de dólares por mes- que cobra en nombre de la Autoridad Palestina por la importación de mercaderías al territorio palestino ocupado. Esos fondos constituyen el 36% del presupuesto mensual de la Autoridad Palestina o el 50% del efectivo de que dispone la AP. Según la ley, Israel no tiene derecho a negarse a transferir ese dinero, que pertenece a la Autoridad Palestina en virtud del Protocolo sobre las relaciones económicas entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (Protocolo de París). Como era de prever, Israel justifica su actuación por motivos de seguridad. Esta disminución de los fondos de la Autoridad Palestina ha ido acompañada de una reducción drástica de los fondos que aportan los organismos y los países donantes. Ello ha tenido graves repercusiones en la labor de las ONG, que han debido suspender o cancelar sus proyectos relacionados con la labor de la AP. La decisión del Gobierno del Canadá de suspender la ayuda ha tenido graves consecuencias, en particular para las ONG. Debido a que Hamás está clasificada como una organización terrorista, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha decidido prohibir las transacciones con la Autoridad Palestina. Ello ha tenido repercusiones profundas en los bancos, que no están dispuestos a transferir fondos a la Autoridad Palestina, a sus organismos y proyectos, ni a las ONG que participan en proyectos con la AP. Algunos proyectos relacionados con la AP siguen recibiendo fondos (por ejemplo los proyectos del Banco Mundial), y la Unión Europea ha establecido un mecanismo internacional temporal, apoyado por el Cuarteto, para el suministro de socorro a los palestinos empleados en el sector de la salud, el mantenimiento de los servicios básicos, como el suministro de combustible, y la aportación de una asignación básica para satisfacer las necesidades de los sectores más pobres de la población. (Esta red de seguridad para los más pobres requerirá el establecimiento de una infraestructura especial). Sin embargo, el Cuarteto rechazó una propuesta formulada por el Banco Mundial en mayo sobre el establecimiento de un plan de financiación provisional para pagar los sueldos de los funcionarios públicos.
68. A pesar de los escasos intentos de proporcionar fondos como los descritos, es evidente que la economía palestina, que depende en gran medida en los fondos de los donantes desde 1994, ha sufrido las dramáticas consecuencias de la retención de los fondos por Israel y la comunidad internacional desde la elección de Hamás. Este estrangulamiento económico ha tenido las repercusiones graves en los derechos económicos y sociales de los palestinos. Cerca de 1 millón de los 3,5 millones de habitantes de Palestina se ven directamente afectados por el impago de los sueldos de cerca de 152.000 funcionarios (y sus familias), pero el conjunto de la población también se ha visto afectado indirectamente. Además, como la Autoridad Palestina tiene a su cargo más del 70% de las escuelas y del 60% de los servicios de atención de la salud en el territorio, tanto la educación como la atención de la salud se han visto considerablemente afectadas.
69. La cuestión de la atención sanitaria se examina con mayor detalle en la sección dedicada a Gaza. No obstante, es importante subrayar que la reducción de los fondos ha tenido graves consecuencias para la atención de la salud en todo el territorio. El impago de los salarios de los trabajadores de la salud ha provocado el absentismo, ya que los trabajadores no pueden ni siquiera pagar el transporte para acudir al lugar de trabajo. Los medicamentos y las vacunas escasean; los hospitales no pueden ofrecer tratamiento adecuado a los enfermos de cáncer ni a los pacientes que requieren diálisis renal; y el traslado de pacientes a hospitales de otros lugares de la Ribera Occidental, y en particular a Israel y Egipto, se ha hecho particularmente difícil debido al cierre de las fronteras y la denegación de permisos. 70. De hecho, los palestinos se han visto sometidos a sanciones económicas, lo cual constituye el primer caso de ese tipo de trato a una población ocupada. Esta situación es difícil de entender. Israel viola importantes resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General relacionadas con los cambios territoriales ilícitos y las violaciones de los derechos humanos, y no ha cumplido la opinión consultiva de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, y sin embargo, elude la imposición de sanciones. Mientras tanto, el pueblo palestino, más que la Autoridad Palestina, se ve sometido a las que tal vez sean las formas más estrictas de sanciones internacionales impuestas en los tiempos modernos. Es interesante recordar que los Estados occidentales se negaron a imponer verdaderas sanciones económicas a Sudáfrica para obligarla a poner fin al apartheid, porque consideraban que con ello se perjudicaría a la población negra de Sudáfrica. Pero los palestinos y sus derechos humanos no suscitan la misma compasión.
71. En 2004, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que el muro que Israel está construyendo en territorio palestino es ilegal y debe desmantelarse. En su opinión consultiva, la Corte también determinó que cierto número de prácticas de los israelíes (como el establecimiento de asentamientos) eran contrarios al derecho internacional. Han pasado dos años y no se ha hecho nada para dar efecto a los fallos de la Corte. Por si fuera poco, el muro ya ni siquiera se menciona en las declaraciones que hace periódicamente el Cuarteto. Es como si la opinión consultiva no existiera.
72. En 2004 la Asamblea General, en su resolución ES-10/15, de 20 de julio de 2004, pidió al Secretario General que estableciera un registro de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro. Dos años más tarde ese registro todavía no existe, por lo que se pone en duda que su estructura, objetivos y métodos de funcionamiento cumplan la opinión consultiva.
73. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es una declaración autorizada del órgano judicial de las Naciones Unidas, que la Asamblea General hizo suya en la resolución ES-10/15. En tanto que opinión consultiva, no es vinculante para los Estados, pero es una exposición definitiva de la posición jurídica de las Naciones Unidas al respecto, y debe servir de guía a las Naciones Unidas como la opinión consultiva de 21 de junio de 1971, sobre las consecuencias jurídicas para los Estados de la continuidad de la presencia de Sudáfrica en Namibia, sirvió de guía a los órganos políticos de las Naciones Unidas al abordar la cuestión de Namibia. Como miembro del Cuarteto, las Naciones Unidas está obligada a convencer a dicho órgano a, por lo menos, hacer referencia a la opinión consultiva de la Corte en sus declaraciones periódicas. Si no lo consigue, al menos debe expresar su insatisfacción por el hecho de que el Cuarteto no tome como guía la opinión consultiva y no la mencione.
74. Este informe no resulta agradable de leer. Israel está violando importantes normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Aunque no puede por menos que reconocerse que Israel se enfrenta a una amenaza de seguridad y tiene derecho a defenderse, no debe olvidarse que la causa fundamental de la amenaza de seguridad es la continuidad de la ocupación de un pueblo que desea ejercer su derecho a la libre determinación en un Estado independiente. La comunidad internacional, que reconoce la necesidad de poner fin a esta situación, ha delegado por autoridad al Cuarteto, integrado por las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, a fin de que pongan los medios para lograr un arreglo pacífico consistente en la creación de un Estado palestino. Lamentablemente, en la actualidad el Cuarteto parece haber perdido de vista este objetivo por cuanto impone medidas punitivas destinadas a obligar a Hamás a cambiar su posición ideológica, o a provocar un cambio de régimen. Esto es evidente en la declaración del 9 de mayo de 2006. Cabe preguntarse si las Naciones Unidas están autorizadas jurídicamente a participar en la coerción económica a través del Cuarteto sin seguir sus propios procedimientos estipulados en la Carta. En cualquier caso, la diplomacia ha cedido el paso a la coerción.
75. De nada sirve que el Relator Especial recomiende al Gobierno de Israel que respete los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Otros órganos con mayor autoridad, como la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad, han hecho llamamientos análogos con tan poco éxito como los informes anteriores del Relator Especial. También carece de sentido que el Relator Especial haga un llamamiento al Cuartero para que vele por que se restauren los derechos humanos, ya que ni el respeto de esos derechos ni el del principio de legalidad ocupan un lugar prominente en los planes de ese órgano como se observa en sus declaraciones públicas. En esas circunstancias, el Relator Especial no puede sino hacer un llamamiento a la comunidad internacional en general para que se interese por la suerte del pueblo palestino.
76. Lamentablemente, la imagen y la reputación de las Naciones Unidas se han deteriorado en el territorio palestino ocupado. Aunque se tienen en alta estima los esfuerzos y la dedicación de los trabajadores de las Naciones Unidas sobre el terreno, no se puede decir lo mismo de la actuación de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Los palestinos resienten el hecho de que los altos funcionarios de las Naciones Unidas no visiten la región, para conocerla de primera mano y que el Consejo de Seguridad sea incapaz de tomar medidas para proteger los derechos humanos, como lo demuestra que se vetara el 12 de julio de 2006 un equilibrado proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza. La visita de Jan Egeland, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, el 25 de julio, ha contribuido sin duda a restaurar la imagen de las Naciones Unidas en la zona.
También se agradecerá que el Consejo de Derechos Humanos se ocupe de la cuestión, al igual que las declaraciones de varios titulares de mandatos de procedimientos especiales. Las Naciones Unidas deben mostrar mayor interés por los derechos humanos de los palestinos. En informes como el presente se ponen de manifiesto las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, pero es indispensable que la Organización pase realmente a la acción en estos azarosos tiempos.
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