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LOS PALESTINOS ANTE EL CONFLICTO
EL MURO DEL "APARTHEID"
Charo Ramos Reyes, Diario de Sevilla 19/9/04
Las organizaciones civiles palestinas lanzan, desde la precariedad de una situación que se complica a diario por la ocupación, un mensaje de alerta a la comunidad internacional para que inicie una campaña contra el muro con medidas similares a las tomadas contra la Suráfrica segregacionista.
LA brecha agudizada entre el idealismo de los discursos de paz y la sangrienta realidad sobre el terreno fue el detonante de la segunda Intifada palestina hace cuatro años. Las piedras lanzadas por los niños y adolescentes han dado paso ahora a otra medida de resistencia autoflagelante y no violenta contra la ocupación: las huelgas de hambre de los presos palestinos, "tan similares", según el destacado historiador y disidente israelí Ilan Pappe, "a las que llevaron a cabo los presos irlandeses en las cárceles británicas". Frente a los suicidas que se inmolan en las paradas de autobuses, "un paso tan cruel como desacertado política y militarmente", Pappe cree que esta "Intifada de los presos" es la medida más novedosa y eficaz de presión con que hoy cuenta la sociedad civil palestina.
Mientras Israel mantiene para sus ciudadanos la obligatoriedad de cumplir el servicio militar (en principio, tres años de servicio regular los hombres y dos las mujeres) la mayoría de la población masculina de los territorios ocupados ha pasado su proceso personal de "formación" o purgatorio en la prisión. Las cifras son elocuentes: más de 8.000 palestinos se encuentran en cárceles o centros de detención israelíes tras haber sido detenidos por el Ejército durante sus redadas diarias en la franja de Gaza y Cisjordania. La mayoría de ellos permanecen hasta 18 días detenidos en total incomunicación y muchos continúan hasta un año en la cárcel sin ser acusados de cargos concretos.
"LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS ES SU LUCHA PACÍFICA CONTRA LA OCUPACIÓN"
Ismail Tomizy ha sido uno de estos prisioneros sin cargos que conoció el rigor de las cárceles judías. Es natural de Izna, una aldea de 20.000 habitantes del sur de Hebrón que perdió en la ocupación de 1967 el 40 por ciento de sus tierras de cultivo, lo que forzó el paro de la mayoría de la población y un éxodo que a duras penas los habitantes de Izna tratan de evitar. Esta comunidad, como tantas otras en la Palestina ocupada, vive hoy casi exclusivamente de la ayuda exterior.
"Muchos de mis vecinos tuvieron que empezar a trabajar en Israel, pero los permisos ahora se dan con cuentagotas, por lo que es frecuente que la mayoría de la población activa se quede en su casa, sin poder obtener ingresos".
La familia de Ismail se marchó a trabajar a Ramala, aunque finalmente el padre ha terminado por regresar a Izna para evitar que los colonos judíos ocupen sus tierras. A tan sólo un kilómetro del pueblo hay cuatro asentamientos. El mayor de ellos, Hadura, pese a estar deshabitado, es empleado frecuentemente como base para los soldados que realizan ataques e incursiones. En una de esas molestas visitas la Policía israelí llamó en 1988 alas puertas de su casa familiar. Tenía entonces 17 años y había comenzado a militar en el partido Al Fatah de Yaser Arafat.
"Me gustaba decir que la tierra era nuestra, pero eso no tiene porqué ser un delito. Abrieron la puerta con violencia y mi madre lloró. Le dijeron que
tenía que irme con ellos, que ya no era un niño. Permanecí encerrado en una prisión del desierto del Negueb, llamada Ánsar III, durante todo un año. Retenido sin pruebas y sin juicio, en lo que se denomina detención administrativa", recuerda Ismail con gravedad.
"En 1989 iniciamos una huelga de hambre. Duró cuarenta días. Exigíamos derechos muy básicos: poder ducharnos con mayor frecuencia, ya que sólo estaba permitido asearse una vez a la semana y vivíamos hasta 28 reclusos en un espacio opresivo de 4x4 metros. El cuarto tenía una ventanita muy pequeña y salíamos al patio a ventilarnos media hora escasa al día. También pedíamos cuadernos y libros para estudiar. Y poder recibir visitas. Un compañero de celda sólo pudo hablar con su madre tres veces en un año, y ni siquiera se había dictado sentencia contra él", recuerda Ismail de los aciagos días en Ánsar III.
La Autoridad Palestina y las organizaciones en defensa de los derechos humanos no cesan de denunciar que la actitud del Gobierno israelí con los presos palestinos viola la Convención de Ginebra, que
prohíbe desplazar a la población de un territorio ocupado al territorio del ocupante: los presos palestinos cumplen condena en Israel y, además del abuso en las detenciones administrativas, sin cargo ni jueces, se dan numerosos impedimentos para recibir visitas. Éste fue uno de los perjuicios más contestados en la ultima huelga de presos palestinos que comenzó en agosto y ha sacudido a la sociedad internacional hasta su reciente clausura. El desencadenante fue la extrema dureza aplicada por el nuevo ministro de Seguridad Penitenciaria, Tzahi Hanegbi, quien llegó a decir: "Pueden hacer huelga de hambre hasta que se mueran".
Tras salir de la cárcel, Ismail Tomizy logró estudiar medicina gracias a una beca del Gobierno ucraniano, país donde se casó y viven su mujer e hijos. Otros familiares suyos fueron becados en universidades de Argelia o de Iraq, como su primo Mazen, que terminó sus estudios de Ciencias Sociales en Bagdad. Allí trabajaba como corresponsal de la cadena AI Arabiya hasta el pasado domingo, cuando murió alcanzado por un misil estadounidense mientras retransmitía en directo la ofensiva de Bagdad.
Ismail ha tenido más suerte. Comenzó a trabajar en un hospital de Hebrón, pero sus antecedentes hacían que cada vez que pasaba un control (los temidos "checkpoints") le retuvieran horas y horas, obligándole a ausentarse del centro clínico. La situación se volvió para él insostenible. Finalmente, decidió salir del país gracias a la ayuda de la rama española de Médicos sin Fronteras.
Ahora, Ismail se encuentra en Sevilla, donde tramita el asilo político desde el Centro de Acogida a Refugiados (CAR), dependiente del Ministerio del Interior. En Sevilla ha contactado con la Plataforma de Solidaridad con Palestina, que ha tomado su caso con especial delicadeza, facilitándole la comunicación con su familia ucraniana. Aún no ha podido conocer al menor de sus vástagos que cuenta ya un año.
"EL MURO CREA DOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN, DOS JAULAS: LA FRANJA DE GAZA Y CISJORDANIA.
Uno de los miembros de dicha Plataforma, Alejandra García, ha sido la única presencia andaluza en la marcha contra el muro ("Freedom March") llevada a cabo durante el pasado agosto por voluntarios internacionales en los territorios ocupados. Alejandra comprobó desde el terreno cómo los "bulldozer" han destruido la mitad de los olivos milenarios que garantizaban la existencia de estas comunidades agrícolas palestinas y cómo las mejores tierras de cultivo pasaban a quedar del lado israelí.
"El muro arrebata a los palestinos las tierras de labor, y va a poner en peligro la recolección de otoño. Condiciona completamente la precaria existencia de los palestinos. También les confisca los recursos hídricos, ya que la mayoría de los pozos de agua quedan detrás de las verjas o alambradas, del lado israelí. En puridad, la construcción del muro de separación constituye la confiscación más grave sufrida por los palestinos desde la ocupación de 1967, ya que acarrea la mayor confiscación de tierras", denuncia.
Declarado ilegal por el Tribunal de La Haya, Alejandra considera que es necesaria "una presión mayor sobre el Estado de Israel para que se cumpla la sentencia de La Haya. Ésta obliga a detener la construcción del muro, derribarlo, devolver las tierras confiscadas e indemnizar por los daños causados. Derribar el muro es la única garantía para una sociedad palestina viable. La propia sentencia de La Haya obliga a los estados de la Unión Europea a tomar medidas de presión sobre el Estado de Israel para que se cumpla dicho dictamen", subraya.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, ha logrado trasladar su discurso anexionista antaño tildado de ultraderechista al centro del arco político israelí. Empleando vocablos como "retirada", "paz" e incluso "Estado palestino" para definir su iniciativa de desalojo de Gaza, ha logrado a cambio anexionarse una parte de Cisjordania sin parecer un extremista o un fanático. Su discurso insiste en que son los terroristas palestinos que se inmolan en los autobuses la única amenaza en el camino de la paz.
La construcción del muro dejará a los palestinos con sólo entre el 10 y el 15 por ciento de la Palestina original, en lo que Sharon cree que son las fronteras de Israel. Dividirá lo que queda de Palestina en dos áreas incomunicadas y cercadas, Cisjordania y la franja de Gaza.
"El muro enjaula ala población, crea en la práctica dos campos de concentración, ya que ni siquiera deja un corredor vigilado por el Ejército como preveían los acuerdos de Oslo", subraya Alejandra García.
El muro ha condenado a la sociedad civil palestina al colapso. Cercena la economía e impide cualquier forma de infraestructura política y social.
Deja a los palestinos afectados por él sin más opción que marcharse de sus tierras. Curiosamente, la transferencia o expulsión de los palestinos, que antes era un asunto tabú o exclusivamente manejado por los más radicales, hoy es un discurso que los políticos israelíes manejan abiertamente como único modo de garantizar la supervivencia del estado de Israel.
El impacto del voluntariado internacional, coordinado por organizaciones como el Movimiento de Solidaridad Internacional (MSI), resulta hoy decisivo. Sobre todo porque está logrando que muchas personas, fuera de Palestina e Israel, se preocupen por lo que está pasando, e incluso se decidan a verlo con sus propios ojos.
"La Plataforma de Solidaridad con Palestina y el MSI pretendemos con la campaña "Stop the Watt" (Parar el Muro) que la presión se concrete en medidas que fuercen a Israel a poner fin al muro del "apartheid" y a cumplir la sentencia de La Haya. Desde España creemos que la Unión Europea tiene un vehículo de denuncia clave, que es el acuerdo comercial preferente firmado en 1996 con Israel. Ese acuerdo recoge en uno de sus apartados la obligación de respetar los derechos humanos. El incumplimiento conlleva la anulación del acuerdo y en la sentencia de La Haya están pormenorizadas las violaciones de los derechos básicos de la población palestina (educativos, laborales, sanitarios...) que acarrea la construcción del muro".
Aunque el Movimiento de Solidaridad Internacional todavía no se ha pronunciado en bloque sobre el boicot a los productos israelíes, ya hay voces desde dentro incluso de Israel que claman por una mayor presión internacional contra las políticas segregacionistas del Gobierno de Sharon. En varios de sus artículos difundidos por Internet, Pappe recuerda que "el boicot al apartheid comenzó cuando en un supermercado irlandés un empleado se negó a hacer la cuenta a unos clientes que llevaban productos surafricanos en el carro de la compra. Mientras Israel continúe con la ocupación los activistas deben crear un clima que lo arrincone como un Estado paria en el contexto de los países civilizados".
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